Oficina de Presupuesto – Propuestas de cambios al Pacto de Estabilidad

Las propuestas para la revisión de las normas fiscales de la Unión Europea son presentadas por la Oficina de Presupuesto del Parlamento, a petición del Ministro de Finanzas, Christos Staikouras. Es característico que el dictamen afirme que el criterio de la deuda al 60% del PIB como precio ancla para todos los Estados miembros sin excepción es muy restrictivo y prácticamente inaplicable. Después de todo, en 2020 la deuda pública total de la zona euro alcanzó el 98% del PIB (desde el 84% en 2019).

Además, se requiere un tratamiento especial para la inversión pública, que debe incrementarse significativamente para acelerar la recuperación y enfrentar los desafíos del cambio climático, mientras que el Fondo de Recuperación y Sostenibilidad debe transformarse en un mecanismo de estabilización macroeconómica permanente.

Según el texto de la Oficina, el principal marco de discusión para la revisión de las reglas financieras de la Unión Europea está registrado en dos textos, el informe del Consejo Financiero Europeo de agosto de 2019 y el informe de la Comisión Europea de febrero de 2020. Ambos fueron escritos antes a partir del estallido de la pandemia y los graves disturbios que causó a las finanzas públicas de los Estados miembros.

Desde entonces, la suspensión temporal de las reglas fiscales y la consolidación de deuda en el marco del Fondo de Recuperación y Resiliencia han intensificado el debate sobre su revisión. La conclusión es que es poco probable que las reglas existentes vuelvan a la normalidad. Un posible regreso a las condiciones fiscales anteriores requeriría políticas restrictivas muy estrictas en muchos países.

Es una creencia común que las reglas existentes son mejores que ninguna regla.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, desde los simples criterios de Maastricht hasta las enmiendas clave de 2011 y 2013 (paquete de seis y dos paquetes), proporcionó un marco común para la política fiscal, equilibrando la autonomía nacional y la estabilidad de la moneda común. Además, ha contribuido de forma significativa a la transparencia, fiabilidad y comparabilidad de los datos financieros.

Esto no significa que no haya problemas tanto en el diseño como en la implementación del Marco Financiero. Su eficacia se limita a las condiciones económicas normales, mientras que en tiempos de crisis se deshace o se viola de facto. A juzgar por el resultado, los países con altas tasas de endeudamiento no lograron reducirlas por cumplimiento de la normativa sino gracias a las favorables condiciones económicas de bajas tasas de interés y altas tasas de crecimiento.

Por último, la modificación de las reglas y el uso de medidas estructurales (es decir, independientes de la fase del ciclo económico) no han logrado reducir la naturaleza cíclica de la política fiscal ni garantizar la práctica de amortiguación fiscal comúnmente aceptada en períodos para financiar la política expansiva en tiempos de recesión. .

Las propuestas

La Oficina de Presupuestos del Estado en el Parlamento, coincidiendo en gran medida con las conclusiones del Consejo Financiero Europeo pero también con otras intervenciones institucionales y no institucionales, presenta sus propuestas para la revisión del Marco Financiero de la Unión Europea:

El criterio de endeudamiento del 60% del PIB como ancla para todos los Estados miembros sin excepción es muy restrictivo y prácticamente inaplicable. En 2020, la deuda pública total de la zona euro alcanzó el 98% del PIB (desde el 84% en 2019). En algunos Estados miembros (Portugal, Italia) la deuda es más del doble del precio de referencia (133,6% y 155,8% respectivamente) mientras que en Grecia es más del triple (205,6%). Deben establecerse objetivos de deuda pública realistas, diferentes para cada Estado miembro, teniendo en cuenta su nivel inicial, las necesidades brutas de financiación, las condiciones económicas más amplias (crecimiento nominal y tipos de interés de los préstamos) y los ajustes fiscales. El criterio de la deuda debe caracterizarse por un grado significativo de flexibilidad, a fin de ser compatible con las distintas especificidades nacionales y evitar perturbaciones en la cohesión de la zona euro. Estos objetivos serán propuestos por cada Estado miembro, tras una evaluación independiente y aprobados por la Comisión Europea, comprometiendo al país a converger en este nivel durante un período de 5 a 10 años.

– El Objetivo a Medio Plazo es un criterio de cumplimiento que podría utilizarse además. Se calcula como resultado primario, excluidas las medidas puntuales, como porcentaje del PIB potencial. Si bien logra la eliminación de la ciclicidad de la medición del resultado presupuestario y brinda flexibilidad para la creación de déficits en condiciones de recesión, no es un tamaño observable y su cálculo resulta de una metodología relativamente compleja que lo dificulta a la mayoría de los ciudadanos. Puede permanecer como un elemento complementario, indicativo de la situación financiera, pero sin ser el criterio básico de cumplimiento y sanciones a la fecha.

– La tasa de crecimiento del gasto público neto (referencia de gasto) puede ser la principal herramienta para medir el esfuerzo presupuestario y la convergencia al nivel deseado de deuda pública. Este monto se define desde 2011 y se calcula a partir del gasto público total después de deducir el servicio de la deuda y las prestaciones por desempleo y después de excluir los cambios (positivos o negativos) en los ingresos tributarios debido a políticas discretas (es decir, cambios de tarifas). Este tamaño es relativamente fácil de entender y la tasa de cambio debe determinarse de manera que conduzca a la reducción de la deuda pública al nivel deseado. Además, puede ser monitoreado de manera transparente por organismos nacionales y europeos para medir el desempeño del país.

Se requiere un tratamiento especial para la inversión pública, que debe incrementarse significativamente para acelerar la recuperación y enfrentar los desafíos del cambio climático. En muchos casos de ajuste fiscal, se ha descubierto que la inversión pública se ha reducido de manera desproporcionada, lo que socava las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Una parte de ellos, claramente definidos por criterios objetivos, debería excluirse de la definición de costes netos. Para evitar problemas con la definición de inversión pública y los intentos de manipulación contable, debería adoptarse y supervisarse una definición estrictamente común «simétrica» ​​a nivel nacional y europeo. De manera indicativa, tanto la inversión pública «verde» como el costo de cambiar a energía limpia para industrias y regiones debido al cambio climático podrían deducirse del gasto neto.

– El Fondo de Recuperación y Durabilidad debe transformarse en un mecanismo de estabilización macroeconómica permanente. Este mecanismo debería estar respaldado por un gran presupuesto a nivel de la UE, que debería
se financia mediante impuestos y debería poder obtener préstamos de los mercados internacionales. Su enfoque principal debería estar en la financiación de inversiones y en hacer frente a las principales perturbaciones externas.

– Dado que ningún marco normativo puede prever todas las posibilidades posibles, es necesario crear condiciones para la activación de una cláusula de escape nacional, si existen condiciones particularmente desfavorables. La existencia de estos
debe estar certificado por una evaluación nacional independiente y aprobado por la Comisión Europea.

– Lo anterior presupone una evaluación independiente y objetiva de las condiciones fiscales y las políticas gubernamentales a nivel nacional. Este papel puede ser desempeñado por las instituciones fiscales independientes (Oficina de Presupuesto del Estado en el Parlamento y el Consejo Fiscal Helénico) fortaleciendo sus recursos y responsabilidades.

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